Podría parecer paradójico que la ciencia política surgiera precisamente a finales de los años 60, en
uno de los momentos históricos de mayor limitación a la libertad académica en Guatemala. Sin embargo,
uno de los precursores de la disciplina en el país, el alemán Josef Thesing, expresa las razones:
La violencia y el terror determinaban el proceso político e impedían una apertura democrática
y la modernización del país (...) pero también existían ciudadanos responsables en la política,
la ciencia, la iglesia y en las universidades, dispuestos a buscar una salida a una situación
aparentemente sin solución. Así surgió la idea de instaurar la asignatura de ciencias políticas.
La adquisición de conocimientos políticos más amplios debía permitir una configuración más
racional del debate político1.
Entre 1967 y 1968, Thesing presentó proyectos para iniciar un programa de estudios en ciencias
políticas a los rectores de la universidad nacional, San Carlos (USAC) y de la universidad jesuita,
Rafael Landívar (URL). Pese a cierta resistencia interna, ambas universidades aceptaron el reto. La
Escuela de Ciencia Política de la USAC2 inició labores en 1968, mientras que el Instituto de Ciencias
Políticas y Sociales de la URL empezó a funcionar en 19703.
En el contexto prevaleciente en ese momento en Guatemala, la academia en general era vista con
sospecha por parte de los gobiernos autoritarios y los grupos conservadores del país, que enarbolaban
la bandera del anticomunismo. En especial la USAC, era considerada por los grupos de
poder como un “centro de formación intelectual para la guerrilla”4. La USAC fue en la década de
los años 70 y principios de los 80, objeto de indiscriminada represión por parte de los gobiernos
militares y los grupos paramilitares.
Dicha realidad impuso obvias restricciones al desarrollo de la investigación y al debate que sobre
temas políticos y sociales podía desarrollarse al interior de los salones de clase a través de los
años. No obstante, ambas universidades buscaron espacios para promover el conocimiento y la
discusión acerca de temas como la política, la democracia, los derechos humanos y la convivencia
pacífica. Las escuelas de Ciencia Política iniciaron publicaciones regulares, siendo estas la
Revista Política y Sociedad en la USAC y la Revista Estudios Sociales en la URL. Un momento
determinante fue la realización en 1980 de un seminario llamado Realidad Nacional, organizado por
el Instituto de Ciencias Políticas de la URL5, en el cual se discutieron abiertamente, aunque a un nivel
muy superficial –dado el contexto prevaleciente–, temas como la violencia, las políticas sociales de
vivienda y salud y la ética política. Fue éste el primer evento público en el que en muchos años se
debatieron públicamente temas en ese entonces considerados políticamente sensibles6.
Todavía en un período de alta polarización ideológica en el país, debido en buena parte al conflicto
armado que escaló en intensidad a principios de los años 80, surgió en 1983 el Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) en la Universidad Francisco Marroquín (UFM),
una universidad privada ubicada en la derecha del espectro político.
A lo largo de la década de los 80 y todavía en alguna medida en la década de los 90, las tres
unidades académicas se identificaron cada una con una ideología política determinada –aunque
no necesariamente todos los miembros del claustro de catedráticos y los estudiantes, sí una
mayoría de los mismos–. Así, la Escuela de Ciencia Política de la USAC podía ser identificada con
la línea social–demócrata; la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la URL con la línea
social–cristiana y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM con el
liberalismo económico. Paralelamente, surgieron o se fortalecieron en el país centros de investigación
académica que en una u otra forma se identificaban con determinadas universidades y captaban
a sus egresados, en particular los provenientes de las escuelas de ciencia política. Los principales
centros de investigación son la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), identificado
con la USAC; la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), identificada con la
URL; y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), identificado con la UFM. Otro
centro de investigación que también incorporó desde un inicio egresados de ciencia política es el
Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), cuya sede se encuentra en Guatemala7.
Diversos factores nacionales e internacionales confluyeron para dar lugar al proceso de liberalización
política en el país a mediados de los años 80, el cual concluyó con las elecciones presidenciales
realizadas en 1985. La discusión acerca de cuándo inicia y cuándo termina la liberalización y
la transición a la democracia en Guatemala va más allá del propósito de este artículo8, pero en
todo caso, fue evidente que la intensidad del debate acerca de temas políticos se fue intensificando
conforme se avanzaba en ambos procesos.
Los primeros indicios de este cambio se dieron en ocasión de la redacción de la nueva Constitución
Política de la República por la Asamblea Nacional Constituyente que fue electa en elecciones
libres en 1984. La nueva constitución entró en vigencia en mayo de 1985, habiéndose superado
en la misma restricciones como la prohibición de participación de partidos políticos con ideología
comunista; se introdujeron además temas novedosos, entre ellos el reconocimiento de Guatemala
como un Estado multicultural y la creación de instituciones como el Procurador de Derechos
Humanos y la Corte de Constitucionalidad. Puede asegurarse que muchos de esos temas fueron
llevados a la mesa de discusión de la Asamblea Constituyente por académicos y grupos de
sociedad civil que recién empezaba a reorganizarse luego del período de intensa represión.
Después de la psicología, la economía constituye la otra gran fuente de influencias y presiones que ha afectado a la ciencia política en los últimos cincuenta años. Esta influencia ha sido notable en cuatro campos centrales de la ciencia política: el comportamiento electoral de los individuos; el análisis de los procesos por los que los actores forman y definen las preferencias que definen sus posiciones en el juego político; el estudio de los modos y maneras en la que la información, la comunicación y, en definitiva, la coordinación son relevantes a la hora de explicar los resultados de la acción política; y, finalmente, los análisis centrados en el estudio de la influencia de las instituciones (entendidas no sólo como organizaciones, sino como ‘reglas del juego’). Esta tarea se ha llevado a cabo vía la llamada ‘teoría de la elección racional’ o, más ajustadamente, ‘teoría económica de la política’ (Colomer 1995: 361). La teoría económica de la política, basada en la llamada teoría de la elección racional (y muchas veces usada indistintamente), puede ser considerada, con toda justicia, como la segunda revolución de la ciencia política. Lo es no sólo por su vocación declarada de serlo, sino porque el conjunto de supuestos sobre el que se basa, la elegancia formal de los planteamientos que cobija y, también, su nivel de implantación en los principales departamentos e instituciones de investigación en ciencia política en los Estados Unidos le han conferido un empuje difícil de resistir. Orígenes Las bases de la teoría de la elección racional se remontan al utilitarismo de [Jeremy Bentham] (1748-1832). En Introducción a los principios de moral y legislación (1789), Bentham preconizaba que todo acto humano, norma o institución, deben ser juzgados según la utilidad que tienen, esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. A partir de esa simplificación de un criterio tan antiguo como el mundo, proponía formalizar el análisis de las cuestiones políticas, sociales y económicas, sobre la base de medir la utilidad de cada acción o decisión. Así se fundamentaría una nueva ética, basada en el goce de la vida y no en el sacrificio ni el sufrimiento. El objetivo último de lograr «la mayor felicidad para el mayor número» le acercó a corrientes políticas progresistas y democráticas: la Francia republicana surgida de la Revolución le honró con el título de «ciudadano honorario» (1792), si bien Bentham discrepaba profundamente del racionalismo de Rousseau y de los planteamientos basados en el derecho natural ([iusnaturalismo])subyacentes a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Más allá de estos orígenes filosóficos, el punto de arranque de esta relación entre economía y política se genera en los planteamientos de Joseph Schumpeter (1943) en Capitalismo, Socialismo y Democracia. Allí se esboza por primera vez un modelo de comportamiento político basado en el supuesto de racionalidad económica (consistente en suponer que toda acción humana esta orientada a la maximización de algún tipo de interés asociado al bienestar personal). Schumpeter es por tanto el primero en afirmar que el comportamiento de los políticos no se puede entender atendiendo a sus supuestas orientaciones por el interés general y la satisfacción de elevados fines y principios, sino sobre la base exclusiva de sus motivaciones privadas (en el caso de la democracia, Schumpeter plantearía que la primera preferencia de un político es ser reelegido. Por tanto, la satisfacción de los votantes es, para el político, un medio de permanecer en el poder, no un fin en si mismo).
A la hora de explicar el origen de la disciplina, es habitual encontrar referencias a autores de la Grecia Antigua que escribieron sus textos aproximadamente 20 siglos antes de que las investigaciones de Copérnico marcaran la emergencia de la ciencia moderna a mediados del siglo XVI. Cuando Platón (427-347 a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.) --por citar a los más destacados—desarrollaban sus ideas sobre el gobierno de la comunidad, ni tenían como objetivo la formulación de argumentos falseables (o susceptibles de refutación) a través de la comprobación empírica, ni se proponían ser neutrales u objetivos. Lo mismo cabría decir de otros muchos autores que escribieron sus obras entre los siglos XV y XIX, y a los que tradicionalmente se les considera los padres de la ciencia política (como Maquiavelo [1469-1527], Thomas Hobbes [1588-1679], John Locke [1632-1704] o Alexis de Tocqueville [1805-1859] o Karl Marx [1808-1883], por poner sólo algunos ejemplos). Y, sin embargo, todos estos autores hicieron aportaciones imprescindibles desde un punto de vista científico: examinaron las estructuras, los procesos y los resultados de la actividad política que desarrollaban sus coetáneos, compararon la evidencia observada, descubrieron regularidades o pautas de funcionamiento, crearon conceptos, establecieron categorías que agrupaban los casos concretos y buscaron explicaciones a las cuestiones que consideraban de interés. Sobre la base de estos conocimientos adquiridos mediante la observación y el análisis de su entorno, reflexionaron sobre el buen gobierno y los valores que debían informar la acción política, y señalaron problemas políticos recurrentes. Así pues, por regla general, sus escritos conjugaron la descripción de los fenómenos que contemplaban con los razonamientos sobre cómo podían progresar o perfeccionarse los órdenes políticos. En nuestros días, ambas vertientes de la investigación de la realidad política suelen separarse. Las obras que describen y explican los hechos políticos se adscriben a la “ciencia política empírica”, mientras que las que especulan sobre cómo mejorar esa realidad se clasifican como “teoría política (normativa)”. Sin embargo, la tendencia a identificar “ciencia política” con “ciencia política empírica” es hoy día dominante. Así se desprende del énfasis en la dimensión empírica que suele apreciarse en las definiciones de la disciplina. Por ejemplo, los autores del Nuevo Manual de Ciencia Política, Robert Goodin y Hans-Dieter Klingemann (2001) o el politólogo estadounidense Gabriel Almond (2001) entienden que la ciencia política es una ciencia porque contribuye a la producción de conocimientos ordenados sobre el mundo empírico mediante conclusiones o inferencias basadas en la observación de la realidad. Ciertamente, entre los politólogos de nuestros días son mayoría los que practican la ciencia política empírica. Entienden su labor como la de analizar los fenómenos políticos, explicando sus causas y consecuencias de manera lógica, sistemática y contrastable (es decir, de forma que quepa comprobar la veracidad de los datos en los se basan las explicaciones). Además, así como los trabajos más importantes de ciencia política empírica son de la autoría de politólogos, no pocos de los textos más consultados sobre teoría política han sido elaborados por filósofos o juristas. No obstante, no debe olvidarse que la ciencia política, como disciplina académica, engloba ambas vertientes, la empírica y la teórica.
¿Qué es la política? La política es una práctica o actividad que los miembros de una comunidad llevan a cabo con el fin de regular conflictos entre grupos, y cuyo resultado se concreta en la adopción de decisiones vinculantes, es decir, que “obligan” a todos quienes forman parte de esa comunidad. Esa actividad política encaminada a resolver los conflictos sociales que pueden amenazar la cohesión y, por tanto, la continuidad de la comunidad, se manifiesta de diversas formas. Vallès (2000: 45-52) las resume en tres: estructuras, procesos y resultados. En tanto estructura, la política se plasma en un conjunto de instituciones o reglas (recogidas primordialmente en la Constitución o leyes fundamentales del Estado) que establecen el contexto dentro del cual se desarrolla la intervención política. Ésta se configura como un proceso en el que participan actores que representan al Estado (por ejemplo, el gobierno), a los electores (los partidos políticos) o a determinados grupos sociales (por ejemplo, los sindicatos y las asociaciones empresariales) que, desde perspectivas diversas y, en ocasiones, opuestas, discuten, negocian y acuerdan determinados cursos de acción. Si tales discusiones, negociaciones y acuerdos son efectivos, producen resultados formales (pactos suscritos, normas legales aprobadas...) o informales (compromisos orales) orientados hacia la solución temporal o definitiva de los problemas que suscitaron la intervención. La política conjuga, pues, estabilidad (estructuras y resultados) con dinamismo (procesos), si bien, como es obvio, lo estable no es permanente o inmutable. Los actores que intervienen en el proceso político intentan hacer valer su capacidad de influir en la toma decisiones a fin de que éstas se ajusten a sus valores (o preferencias ideológicas) e intereses. A esa capacidad de influencia se le denomina poder político. La distribución del poder político en una sociedad concreta depende del tipo de régimen: las democracias reparten el poder político entre muchos actores, comenzando por los votantes; por el contrario, las dictaduras concentran el poder político en determinadas instancias, privando de éste a todas las que pueden perturbar la forma de gobernar impuesta, y en primer lugar, a la ciudadanía.
